La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un prostíbulo de Murcia. Cinco personas han sido detenidas y cuatro víctimas han sido liberadas tras comprobar que eran obligadas, mediante violencia y amenazas, a realizar servicios sexuales en el interior de un local y a domicilio.
Las mujeres estaban sometidas a condiciones intimidatorias y eran obligadas a residir en el prostíbulo, videovigiladas, y a consumir sustancias estupefacientes en compañía de algunos clientes.
Entre los cinco arrestados se encuentra la pareja que dirigía el establecimiento que funcionaba 24 horas al día y que también operaba como punto de venta de droga. Eran los encargados de la captación de las mujeres y los máximos beneficiarios de las recaudaciones obtenidas. El hombre, además, ejercía, junto a un familiar, de conductor para transportar a sus víctimas para realizar servicios sexuales a domicilio, controlando el tiempo y el cobro de las transacciones.
En un escalón inferior de la organización, varias mujeres ejercían labores de ‘encargadas’, canalizando la recepción de las víctimas y llevando el control de su actividad sexual en el interior del prostíbulo, así como de entregar las sustancias estupefacientes a los clientes que lo solicitaran. Por último, otro de los detenidos se encargaba, precisamente, de suministrar la droga, principalmente cocaína, aunque también facilitaban fármacos estimuladores sexuales.
Denuncia de una víctima
La investigación arrancó en julio de 2023 cuando una mujer declaró en Madrid haber sido víctima de explotación sexual en un prostíbulo de Murcia. Las pesquisas policiales consiguieron ubicar el establecimiento e identificar a dos de sus responsables. Paralelamente, los agentes comprobaron que varias mujeres residentes en este prostíbulo eran publicitadas en páginas web ofreciendo servicios sexuales.
En los dos registros realizados, uno en dicho establecimiento y otro en el domicilio de los cabecillas, la Policía identificó a cuatro mujeres que declararon ser víctimas de explotación sexual, siendo sometidas a condiciones abusivas y a presión e intimidación para ejercer la prostitución realizando el máximo número de servicios posible para aumentar el beneficio económico. También intervinieron 13 gramos de cocaína, más de cinco gramos de hachís, 1.470 euros en efectivo, un vehículo, dispositivos electrónicos y documentación y otros efectos relacionados con la explotación sexual y el tráfico de drogas.
