Entrevistamos a David Docal, investigador de movimientos radicales emergentes.
El 12 de diciembre de 2017 Rodrigo Lanza, de 36 años, agredió presuntamente a Víctor Laínez, de 55, en un bar de Zaragoza por llevar unos tirantes con los colores de la bandera española, causándole la muerte. El pasado 17 de septiembre fue condenado por asesinato con los agravantes de dolo eventual y de crimen por motivos ideológicos. El jurado concluyó que el conocido como “crimen de los tirantes” fue un delito de odio.
La sentencia es un paso más en la evolución a la que debemos aspirar como sociedad, tal y como nos dice David Docal, investigador de movimientos radicales emergentes, para quien un solo delito de odio ya son demasiados. Porque “una sociedad del siglo XXI no se puede permitir que ataquen a la dignidad de la persona gratis”.
Hemos evolucionado, nos dice, y algo que antes no veíamos como delito, ahora lo es: “antes se cometían los mismos delitos, pero no se tipificaban. Antes no se atendía maricón de mierda como un delito, ahora sí”. Y lo es porque el legislador ha decidido tomar cartas en el asunto, “no por iniciativa propia”, sino por imperativo de la Unión Europea. Y es que España, junto con Rumanía, Letonia, Estonia, los países del Este y de nueva incorporación, son los territorios con más retraso en la tipificación de estos delitos.
«una sociedad del siglo xxi no se puede permitir que ataquen la dignidad de una persona gratis»
Desde 2013 cada provincia cuenta con una fiscalía especializada en delitos de odio, a imagen y semejanza de la que ya existía en Barcelona, pionera en la materia; y en 2015 se añadió una fiscalía centralizada. Para Docal este paso es “muy importante” porque pone los cimientos para saber qué es un delito de odio, en qué se fija un fiscal para acusar y qué lleva al juez a condenar. Por eso es necesario, nos dice el investigador David Docal, que “en las diligencias o en los atestados e informes de la policía hablemos de estos indicadores de polarización. Nos parece importante y sobre todo muy necesario”.
David lleva años, junto a su equipo, trabajando en la catalogación de la simbología del odio, no existe de forma oficial y es una herramienta clave en la persecución de este tipo de delitos. Con ella se identificaría cada símbolo, lo que significa y cuál es su razón de ser para que cuando lo porten en sus camisetas, en sus banderas o en sus estandartes pueda ser registrado en el atestado y el fiscal pueda cursar su acusación.
“Nosotros con lo que tenemos vamos trabajando, y con los pocos medios y el poco personal que tenemos, trabajamos lo bien que podemos”. Faltan medios, materiales, medios humanos y formación. Sobre todo, formación. “Necesitamos más compromiso, más formación y más alicientes”, afirma, para seguir estando presentes en las calles y en las redes.
contar con una catalogación de la simbología del odio sería una herramienta clave en la persecución de estos delitos
Especialmente llamativo es el auge, en la música y las redes, de la politización de las letras y los discursos. Docal nos recuerda el caso de la letra de División 250 que decía “Eh, negro, vuelve a tu tierra. Europa es blanca y no es tu tierra” que, a pesar de haberse creado hace años, aún hoy sigue difundiéndose en las redes. Porque parece que el teclado te da impunidad, que insultar sale gratis, pero afortunadamente, cada vez más nos vamos dando cuenta de que sí empieza a pasar algo. Poco a poco, concluye nuestro experto, “como sociedad nos damos cuenta de que no todo vale, de dónde está el límite de la libertad de expresión y el del atentado a tu dignidad”.
Condenados los cuatro hinchas del club de Fútbol PSV Eindhoven por humillar a un grupo de mujeres de origen rumano que pedían limosna en la Plaza Mayor de Madrid
A finales del pasado mes de septiembre conocimos que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por un delito contra los derechos fundamentales del artículo 510 2 A del Código Penal a los cuatro hinchas del club de Fútbol PSV Eindhoven, acusados del comportamiento «humillante» que tuvieron el 15 de marzo de 2016 hacia un grupo de mujeres de origen rumano que pedían limosna en la Plaza Mayor de Madrid.
Los cuatro acusados han sido considerados coautores y, tras llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y manifestar su arrepentimiento por los hechos, se les ha impuesto una pena de tres meses de prisión y tres meses de multa, a razón de una cuota diaria de tres euros.
Además, deberán indemnizar solidariamente con 1 500 euros a cada una de las víctimas.
