La inoportuna e innecesaria modificación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, con su marcado sesgo ideológico, tiene una aportación ridícula en la esfera de los derechos de los ciudadanos y, por el contrario, va a generar un efecto demoledor en la seguridad ciudadana.
Reducir de seis a dos horas la duración máxima de la privación de libertad a efectos de identificación no tiene realmente impacto alguno, dado que estos traslados son escasos y su duración es muy limitada en el tiempo, muy lejos de las referidas seis horas.
Destipificar la conducta consistente en captar imágenes de los policías es destificar nada, pues ello no es sancionable, sino lo es el uso posterior de las mismas que pueda poner en peligro diferentes bienes jurídicos como son la seguridad de los agentes o de su familia, de instalaciones protegidas o el éxito de una operación.
No sancionar la convocatoria de reuniones en lugares de tránsito público cuando deriven de imprevistos que provoquen su inmediatez es, también, de mucho efectismo y poca relevancia, dado que la gran mayoría de esas reacciones no tienen convocante conocido ni responsable alguno, moviéndose en la impunidad.
Sin embargo, el escaso o nulo efecto positivo en el reconocimiento y garantía de derechos del ciudadano contrasta con el perjuicio que va a generar en la colectividad, derivado de la inevitable inhibición en su actuación de unos policías que perciben que los poderes públicos de los que dependen no les dan herramientas ni respaldo alguno.
El inevitable efecto gafas-de-madera llega justo en el peor de los momentos posibles, con una tasa de criminalidad al alza que amenaza con provocar muchas tensiones sociales en los próximos meses. Existe, por ello, un riesgo cierto de barcelonizar nuestras ciudades, obligando a los ciudadanos a modificar sus hábitos y adoptar unas prevenciones propias de otras sociedades.
Por último, y nada desdeñable, rebajar a infracción leve la tenencia y consumo de drogas tóxicas en espacios públicos, dada las coordenadas de consumo actual y la modesta o casi pírrica cuantía de las infracciones leves, lleva en realidad a legalizar, de facto, dicho consumo. Lamentaremos profundamente la decisión cuando, en nuestros frecuentados y usuales entornos de ocio, el aroma de drogas blandas sea una constante casi irrespirable.
Enhorabuena, legislador.
