La entrada en vigor del nuevo reglamento de exclusiones médicas en la Policía Nacional ha provocado otro terremoto en el ya convulso panorama de las oposiciones de ingreso en la Policía Nacional.
La razón estriba en la incorporación expresa de nuevas causas de exclusión que, aplicadas de forma inmediata a la convocatoria que ha de publicarse en pocas semanas, va a determinar la salida del encuadre de opositores que llevan años luchando por el ingreso.
El principio del precedente administrativo obliga a la Administración a comportarse de forma previsible, conforme a una inercia y trayectoria que permitan al administrado, en ese caso opositor, amoldar su comportamiento a dicha previsión.
Cambiar las reglas del juego de forma inmediata sin dar transitoriedades ni márgenes temporales de adaptación vulnera de pleno ese principio y, con él, la confianza legítima que debe inspirar el vínculo entre Administración y administrado, entre Policía Nacional y sus opositores.
Para no generar ese perjuicio, posiblemente irreparable, la entrada en vigor del nuevo cuadro de exclusiones debería haberse propuesto con un tiempo de antelación suficiente, de dos o tres años, para así evitar un proceder manifiestamente injusto y abusivo.
De esta manera, podría haberse evitado que de un día para otro se queden fuera opositores que llevan años esforzándose por su sueño -ya que el anterior cuadro de exclusiones no lo impedía-.
A veces es difícil no caer en la tentación de pensar que la Policía Nacional desprecia a sus opositores, a aquellos que quieren ser como ellos.
