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Una reforma innecesaria

La pretendida reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana que están impulsando los dos grupos políticos que conforman el Gobierno de la Nación ha generado un serio debate en el seno de nuestra sociedad como lo atestigua el hecho de que todos los medios de comunicación social se han hecho un gran eco de ello.

Partiendo de que es un legítimo derecho del  Gobierno impulsar modificaciones normativas, lo deseable es que estas guarden consonancia con las necesidades sociales y, precisamente, en este momento en el que se está apreciando un aumento de incidentes violentos derivados de una nueva forma de ocio como es el de los botellones asociados a comportamientos incívicos como la ocupación de espacios públicos por una multitud de personas que no muestran el más mínimo respeto por la autoridad y los ciudadanos, así como el aumento de las tasas de delincuencia en todo el territorio nacional, no parece lo más adecuado proponer la modificación de una norma que está produciendo unos resultados razonables en términos de seguridad desde su entrada en vigor.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de las modificaciones que vemos que se están proponiendo por los grupos parlamentarios toda vez que no son más que propuestas y la experiencia indica que el texto final que resulte del proceso legislativo sufrirá innumerables variaciones, sí que podemos decir que en estos momentos, es una reforma innecesaria porque el nombre de la Ley es de protección de la Seguridad Ciudadana, que, como la propia exposición de motivos de la misma recoge, es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por la Constitución y resto del ordenamiento jurídico, puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica.

En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho en el que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia haciendo posible el ejercicio de los derechos y libertades.

Y es ahí donde esta Ley, desde su entrada en vigor, ha funcionado de forma muy adecuada, proporcionando un necesario equilibrio entre los derechos de todos los ciudadanos y los derechos y deberes a que deben atenerse los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que son los grandes olvidados de esta reforma a tenor de los datos que se van conociendo.

El objetivo que pretende la Ley que hoy está en vigor es la garantía del ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, no su limitación, que únicamente podrán darse de manera excepcional y por ello no se acierta a comprender algunas de las modificaciones que se pretenden, pues son propuestas que romperán este frágil equilibrio entre los derechos de unos y de otros, entre el derecho de los que quieran manifestarse y la pacífica convivencia del resto de ciudadanos.

Pero sobre todo porque es una Ley que encuadra muy bien la actuación que deben tener los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con respecto a los ciudadanos y al mismo tiempo, les da cierta seguridad jurídica.

Modificaciones pretendidas como que sea lícito tomar imágenes no autorizadas de los agentes (salvo que se vulnere su derecho al honor, solo faltaría) no buscan sino una forma subjetiva de intimidación que nada aporta con respecto a las posibilidades de identificación existentes hoy en día de cualquier actitud de un agente que no esté amparada por el ordenamiento jurídico, pero que va a hacer que estos se vean constreñidos psicológicamente en sus actuaciones pues hoy en día, con las posibilidades de identificación existentes en redes sociales, el peligro es que se hagan públicos datos personales y familiares de esos agentes de la autoridad son un peligro cierto y real para ellos y sobre todo, para sus familias.

No es algo nuevo, lo hemos vivido ya en otros momentos anteriores a la vigencia de esta Ley y precisamente este acoso al que algunos agentes se vieron sometidos en redes, fue el que hizo que el legislador tomara conciencia del peligro de la desprotección de los servidores públicos y de sus familias y decidiera introducir como una infracción grave el uso de imágenes o datos personales en la Ley que ahora, sin consenso, se pretende eliminar.

Esto, entre otras modificaciones propuestas que van a dar preponderancia a los derechos de unos sobre los de otros e introduce elementos de desprotección sobre nuestros servidores públicos, muestra el carácter ideológico de la modificación de esta Ley, que no se hace por cuestiones técnicas o jurídicas sino buscando despenalizar actuaciones que van a causar un grave daño a la operatividad policial y por ende al conjunto de la sociedad.

Y refuerza esta idea del carácter ideológico de la modificación de la Ley, el hecho de que se haya llevado a cabo a espaldas de todos los representantes de los policías y de la guardia civil. Solamente a última hora, viendo el alcance de la contestación que las modificaciones estaban produciendo en el seno de todas las fuerzas de seguridad, nacionales, autonómicas y municipales, porque aquí, todos están juntos, el Ministro del Interior ha tratado de reaccionar citándolos de urgencia a reuniones “informales” para informarles de modificaciones ya pactadas.

Es una decisión que no solamente ha llegado tarde, sino que no es la forma correcta de hacer las cosas y así le ha salido, con el rechazo de unos a asistir a las reuniones y la convocatoria de movilizaciones de otros tras salir de las reuniones.

Al Ministro, al que hasta ahora le habían salido gratis decisiones impopulares como las excarcelaciones de integrantes de bandas terroristas que habían asesinado a nuestros conciudadanos sin arrepentimiento ni cumplimiento de penas, las modificaciones propuestas de esta Ley, le puedan dar un serio dolor de cabeza con los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la desprotección en la que los dejan a ellos y sus familias que de no rectificar. Le puede incluso costar el puesto pues puede ser un elemento de protesta al que engancharse el resto de la ciudadanía para mostrar su disconformidad con una reforma que es innecesaria.

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