Durante los últimos meses ha aumentado considerablemente la venta de hidrocarburos en España, especialmente del diesel, a precios notablemente bajos. Lo han hecho aprovechándose de la regulación actual. El 28 de marzo de este año entrará en vigor un nuevo mecanismo de control que limitará los intermediarios que pueden participar en la comercialización de combustible.
La Guardia Civil está investigando la arquitectura societaria que estaría sirviendo de parapeto a una gran trama de fraude fiscal. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, el Estado dejó de ingresar 700 millones de euros en 2022. Al margen de esta cifra, hay que tener en cuenta que tampoco se realizaron las compensaciones que tienen que pagar los operadores que no incluyen en su producto el volumen de biocombustible fijado en Europa. Este dato alcanza los 95 millones.
Normalmente, los operadores fraudulentos simulan realizar ventas de hidrocarburos a sociedades creadas para ello. Esto no genera repercusión al IVA, que está muy relacionado con este tipo de fraude. El siguiente paso que realizan es la reventa a las gasolineras a un precio muy bajo. No les importa hacerlo incluso con pérdidas porque se han ahorrado el IVA y porque desaparecen sin realizar liquidación alguna. Según las cifras que se manejan en el sector, unas 1.000 gasolineras de las 12.000 que hay en España, estarían vendiendo por debajo del precio de coste.
Una de las empresas que está siendo investigada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, según El Mundo, es Biomar Oil. Esta mayorista de productos petrolíferos del grupo TCM Investors cerró el curso pasado con 1.000 millones de euros de facturación. Este dato ha hecho saltar las alarmas porque entre 2021 y 2022, su facturación era de 25 millones. Dado el volumen de combustible refinado que la empresa ha adquirido en el último año, todo apunta a que volverá a duplicar sus ventas y supondría un incremento de casi 8.000€ en dos años.
Hace unos días, caía una trama por defraudar 140 millones de IVA en hidrocarburos en Andalucía y Cataluña entre 2019 y 2024. En el marco de esta operación realizada por el Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, se han realizado diez registros en viviendas y seis en empresas.
