Los eurodiputados han dado luz verde a la Ley de Inteligencia Artificial (IA), una normativa destinada a regular estos sistemas limitando los peligros de esta tecnología sin perjudicar la innovación. Es una normativa pionera en el mundo que ha salido adelante por abrumadora mayoría: 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones.
Entre las medidas que recoge está la prohibición de la vigilancia masiva y afectará a modelos de IA generativa como ChatGPT. Uno de los aspectos más debatidos han sido las normas impuestas a los sistemas capaces de generar textos, imágenes o vídeos que han comercializado grandes compañías como Microsoft, OpenAI o Google. Para ellas, se ha acordado que apliquen criterios de transparencia que permitan identificar si sus aplicaciones han sido entrenadas con datos que presentan sesgos racistas o machistas o con contenidos que violan los derechos de autor.
Por otro lado, la ley prohíbe los sistemas algorítmicos que vulneran derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Son los sistemas de puntuación social, el reconocimiento de emociones, la vigilancia policial predictiva o el rastreo de datos biométricos para inferir la raza, orientación sexual u opiniones políticas de personas.
Entrada en vigor y aplicación nacional
Ahora los Gobiernos de cada país deberán refrendar el texto. La Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Las prohibiciones tendrán efecto a los seis meses, a finales de este año, y las obligaciones para los sistemas de IA de propósito general a los 12, es decir, en mayo de 2025. Sin embargo, como esas obligaciones están establecidas en varios niveles, el de alto riesgo no se aplicará hasta dentro de tres años.
La aplicación estará bajo la supervisión de las autoridades nacionales que tendrán que crear agencias que estarán, a su vez, apoyadas por la oficina de IA dentro de la Comisión Europea. El plazo con el que cuentan para hacerlo es de un año.
Exenciones para las autoridades policiales y de defensa
Cuando se utilice con fines militares o de Defensa Nacional, competencia de los Estados miembros, en contextos de vigilancia en las fronteras y para anticiparse a flujos migratorios la nueva norma no será de aplicación.
Además, la policía podrá recurrir a tecnologías de reconocimiento facial en casos de emergencia como amenazas terroristas, localizar a un menor desaparecido o identificar a un sospechoso. Podrá hacerlo incluso estando prohibida la identificación biométrica a distancia en espacios públicos. En todos esos casos será obligatorio contar con una autorización judicial.
Tres años después de la propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de regular la IA llegó a las instituciones europeas hace tres años, pero no fue hasta el pasado diciembre y tras negociaciones de más de 35 horas casi sin interrupción, cuando se selló el acuerdo.
Según sus usos se establecen obligaciones más o menos estrictas en función de si suponen un «alto riesgo» o un «riesgo mínimo». Las multas por incumplimiento pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual mundial de esa empresa.
El próximo reto tras las elecciones de junio será poner coto a la IA en las condiciones laborales a través de una nueva directiva.
