En febrero de 2022, la Secretaría de Estado de Seguridad creó a través de la ISES 1/2022 la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH). Con ella se establecía un mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación de las actividades policiales desarrolladas por los servicios, centros y unidades de las Direcciones Generales de la Policía Nacional y Guardia Civil, aunque también se puede aplicar a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
Así mismo, regula los criterios y procedimiento para la recogida y registro del conjunto de datos necesarios sobre hechos y actuaciones que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales.
En las últimas horas, esta Oficina ha vuelto al foco de atención por la actuación policial durante una reyerta en el barrio madrileño de Lavapiés. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio a través de ella para esclarecer los hechos.
Vulneración de derechos fundamentales
Entre las funciones de la ONGADH se encuentra comprobar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en instrucciones u otras disposiciones sobre actuaciones policiales que puedan afectar al ejercicio de los derechos fundamentales.
En el texto se recoge, a su vez, que una denuncia por una vulneración de estos derechos recogidos en la Constitución Española se entiende como toda comunicación formal de la posible existencia de una vulneración efectuada ante la Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además establece la atribución al personal de las FCSE de la condición de investigado o encausado en el ámbito procesal penal o disciplinario.
El seguimiento y evaluación de lo preceptuado en la Instrucción corresponde a la Dirección General de Coordinación y Estudios, a través de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
La ONGADH confecciona en el primer cuatrimestre de cada año natural un informe anual de situación, que remite al Director General de Coordinación y Estudios para su traslado a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad.
