El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles incluir a policías nacionales, guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo. Lo ha hecho a través de una Proposición de Ley del Partido Popular, aprobada con 147 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. Esto supondría beneficios a la hora de jubilarse e implicaría modificar el Real Decreto Legislativo 8/2015,de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Esta medida, aunque haya recibido el visto bueno de la Cámara Alta, tendrá que ser refrendada por el Congreso de los Diputados para entrar en vigor. Aquí actualmente también está registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil y su jubilación anticipada. Esta, en ningún caso, podría darse en una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 en los supuestos en que se acrediten 35 o más años de actividad efectiva y cotización, según propone el PP.
En marzo de 2018 se firmó el «acuerdo de equiparación salarial» para que policías nacionales y guardias civiles cobrasen lo mismo que otras policías del Estado. Sin embargo, en estos últimos seis años, un policía nacional jubilado habría cobrado hasta 70.000 euros menos con respecto a un mosso d’esquadra. Esto se debería a que mientras que un agente autonómico se jubila de forma anticipada a los 59 años con el 100% de las retribuciones, un policía sufre una merma si opta por hacer lo mismo.
Por otro lado, tampoco cobran lo mismo todos los cuerpos. Un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Si hablamos de jubilación esa cifra alcanza los 900 euros mensuales. En el caso de la Guardia Civil, tienen que esperar a los 65 años para no perder dinero. Asimismo, la Ertzaintza cuenta con la jubilación anticipada desde el año 2008, las policías locales desde el 2019 y los Mossos d`Esquadra y la Policía Foral de Navarra la consiguieron en 2022.
El pasado 1 de junio, el Defensor del Pueblo informaba de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había iniciado los trámites para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
