La Conferencia Sectorial de Inmigración se ha reunido este lunes para tratar cuestiones relacionadas con la inmigración. Al encuentro han acudido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y los titulares de las consejerías competentes de cada autonomía y miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Esta cita llega días después de hacerse público el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Canarias de impulsar la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería) para solucionar el reparto de menores extranjeros entre comunidades. En concreto afectará al artículo 35 donde se regula la situación de los menores extranjeros no acompañados.
La modificación legal está pensada principalmente para los territorios receptores de los flujos migratorios, como son particularmente a Canarias, Ceuta y Melilla. Impone la obligación al resto de comunidades de aceptar para su acogida a los menores procedentes de allí. A principios de marzo, el Ministerio de Juventud anunció que destinará 30 millones de euros para el traslado de 470 menores desde Canarias y 100 desde Ceuta.
Migración en 2024
Canarias tutela a más de 5.000 menores no acompañados y lleva años reclamando una reforma legal que obligue al Estado y al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado. Hasta el pasado 29 de febrero, han llegado a España por mar o tierra un total de 14.035 inmigrantes. Es un 356,6% más que en el mismo periodo de 2023 y Canarias, es precisamente, dónde más llegan con un aumento de un 540%.
Esta Conferencia Sectorial de Inmigración es la primera que se celebra tras el acuerdo entre el Ejecutivo y Junts para delegar las transferencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.
Por otro lado, en la pasada sectorial, Saiz anunció una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería en el primer semestre de 2024 para reducir las figuras de permisos vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes.
Esta reforma tiene como objetivo la transposición al ordenamiento jurídico español de las directivas europeas de permiso único y de residencia de larga duración y está pendiente de concretarse.
