La Comisión de Interior del Senado ha debatido esta mañana que las pruebas físicas del Ingreso a Escala Básica de la Policía Nacional vuelvan a realizarse de forma centralizada en Ávila. Con motivo de la pandemia, estos ejercicios se descentralizaron de la Escuela Nacional.
Esta moción, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, pretende instar al Gobierno central a que se instaure la ciudad sede de la institución de la formación de los futuros agentes del CNP como el único punto de realización de las físicas, como se hizo entre 2013 y 2020.
La portavoz popular Alicia García denuncia en su escrito que el arrinconamiento y ninguneo a Ávila es constante y afirma aunque la descentralización “tuvo su sentido durante la pandemia para facilitar el acceso de los aspirantes y evitar contagios, ahora carece de cualquier justificación”.
Asimismo, la dirigente del PP explica que, en la convocatoria celebrada el pasado 13 de abril, el 94% de los aspirantes a policía realizaron la prueba teórica en otros puntos del territorio nacional. Además, de los 19.000 inscritos para las pruebas de acceso, sólo 1.072 opositores lo hicieron en Ávila.
Por otro lado, en la convocatoria de noviembre de 2023, sólo 5.000 de los 37.000 inscritos para realizar las pruebas de acceso lo hicieron en las instalaciones de Ávila, destaca García. Cabe reseñar que para esa cita se establecieron 14 sedes por todo el país. De fondo está también el coste económico que está teniendo la descentralización para los negocios abulenses, en especial la hostelería, los servicios, el comercio y los alojamientos.
El encargado de defender la propuesta ha sido el senador abulense Juan Pablo Martín. Ha destacado que el crecimiento de la Policía Nacional “no se entiende sin el papel esencial de la ciudad de Ávila desde que en los años 80 entraron los primeros alumnos”. También ha querido destacar que la capital provincial va de la mano del CNP y que esta petición es un clamor popular y no solo político.
La moción ha salido adelante gracias a los 18 votos a favor del propio Partido Popular, grupo con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Además, se han producido 10 votos en contra y dos abstenciones. Ahora el Ejecutivo español, dentro de los seis meses siguientes, deberá informar sobre el cumplimiento de la misma, según el artículo 178 del Reglamento del Senado.
