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La Policía Nacional aflora 4,5 millones de euros de fraude a la Seguridad Social

Los delitos investigados se cometieron con anterioridad a marzo de 2020.

Huelva.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Huelva la operación «Nube”, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como restauración, el alquiler de inmuebles, los productos agrarios o la construcción y rehabilitación de edificios; cuantificándose la estafa en más de cuatro millones y medio de euros. 

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2019, tras recibir varias denuncias en las que se ponía la voz de alarma sobre las irregularidades cometidas en diversas empresas situadas en Ayamonte, Huelva y Palma del Condado. Los empresarios de las sociedades no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho y, en algunos casos, en connivencia con los trabajadores realizaban altas fraudulentas sin desarrollar actividad alguna en la sociedad mercantil y así poder cobrar los subsidios por desempleo posteriormente. 

la estafa supera los cuatro millones y medio de euros

Los agentes comprobaron que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, y para ello crearon sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Los 33 responsables de los delitos investigados han sido puestos a disposición de la justicia, resultando ser principalmente los administradores de hecho de las empresas; pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles atribuidos delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones y de prestaciones), frustración a la ejecución y estafa procesal.

Uno de los investigados tenía a nombre de una de sus empresas pantalla un Ferrari F430 F1 valorado en 180.000€. También figura un matrimonio que organizó su divorcio con el fin de diluir su patrimonio en gananciales, aunque tras la supuesta separación siguieron la relación como pareja de hecho. Y dos empresarios, que engañaron al Juzgado Mercantil para conseguir el Concurso de Acreedores, no pagar deudas y quedarse con los beneficios.

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