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La Guardia Civil investiga a una academia granadina por vender falsos certificados de cursos de formación para una oposición a bombero forestal

Se ha investigado también a cerca de 260 aspirantes que opositaron en 2019 a bombero forestal de la Junta de Andalucía tras inflar sus currículums con más de 800 horas de cursos homologados que no realizaron.

Granada.- La operación Tricheurs de la Guardia Civil se ha cerrado con la investigación de los responsables de una academia de Granada por emitir certificados de cursos de formación homologados a 257 aspirantes a bomberos forestales de la Junta de Andalucía que no llegaron a realizar. Se acusa de un delito de falsedad documental al administrador único de la academia, al técnico informático y al jefe de estudios de los cursos ofertados.

También se investiga a 260 aspirantes que habrían acudido a esta academia para incluir en sus currículums cursos que no llegaron a realizar. Los primeros en ser investigados fueron 62 aspirantes de Granada; y junto a ellos, a 23 aspirantes de Málaga, 12 de Almería, 58 de Jaén, 36 de Córdoba, 23 de Sevilla, 12 de Huelva, 27 de Cádiz, 2 de Badajoz y 2 de Albacete que también compraron sus certificados en la academia investigada.

Cursos de 200 horas realizados en 25 minutos

La razón por la que los aspirantes acudieron a esta academia fue que el Plan Inforca de la Junta de Andalucía elevó el número de horas de formación específica puntuables en la última convocatoria publicada con fecha de julio de 2019.  Esto hizo que los aspirantes a bombero forestal en el dispositivo operativo de prevención y extinción de incendios forestales de esta comunidad autónoma, intentaran conseguir el mayor número de horas posibles de titulación certificada y obtener así un mejor puesto en la oposición. Para ello, acudieron a esta academia granadina y pagaron hasta 120 euros por cursos de formación de 200 horas que realizaron en 25 minutos.

A raíz de esta investigación, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ha decidido cautelarmente no otorgar ningún puesto de trabajo fijo hasta que no se resuelva el procedimiento penal abierto, y ha acordado suspender la asignación de los 120 contratos fijos hasta el momento en que se dicten resoluciones judiciales firmes.

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