Desarticulada una red que falsificaba tarjetas de residencia de ciudadanos indios y pakistaníes

Doce personas han sido detenidas y se han intervenido 10.000 euros y diversa documentación.

Barcelona.- Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a tramitar y proporcionar de manera fraudulenta tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea a inmigrantes de origen indio y pakistaní. La red cobraba 20.000 euros a cada uno de los interesados, que se encontraban en situación irregular en España o en otros países europeos, y simulaban matrimonios con mujeres nacionales de la Unión Europea. Las detenciones se han llevado a cabo en Barcelona (7), Mataró (2), Valencia (1), Hospitalet de Llobregat (1) y Sitges (1). 

Una alerta ciudadana puso a la Policía sobre la pista de la organización, asentada en España y Alemania. Esta captaba a ciudadanos de origen indio o pakistaní – en España u otro país europeo – que estuvieran en situación irregular ofreciéndoles, cambio de una importante suma de dinero, la posibilidad de regularizar su situación en España. Captaban después a mujeres de diferentes países de la Unión Europea, a quienes ofrecían una importante suma de dinero por simular ser cónyuges de esos ciudadanos que buscaban su regularización. Los investigadores estiman en más de un millón de euros los ingresos obtenidos por la organización.

Los investigadores estiman en más de un millón de euros los ingresos obtenidos y en 50 los inmigrantes beneficiados

En la mayoría de los casos, una vez obtenida la Tarjeta de residencia, los ciudadanos beneficiados abandonaban España con destino a otros países europeos ya que uno de los derechos que adquirían era la libre circulación por la Unión Europea. Con la desarticulación del entramado, más de 50 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta han sido extinguidas y anuladas por las autoridades competentes. 

La operación policial ha concluido con la detención de doce personas a las que se les imputa delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. A su vez, se ha llevado a cabo tres entradas y registros -dos en Hospitalet de Llobregat y uno en Barcelona- en los que se han intervenido 10.000 euros en efectivo, diversa documentación y material informático.