La «Ley Mordaza» crea controversia en la actuación policial

La denominada “Ley Mordaza” es una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que se produjo en el año 2015. En ella se exponen unas normas jurídicas, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley Antiyihadista.

Qué recoge la «Ley Mordaza»

Una reforma jurídica que ha conllevado mucha controversia en la ciudadanía. En ella se califica de infracción grave actuaciones como perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, manifestarse frente a las sedes Congreso o Senado si perturba gravemente la seguridad ciudadana, obstaculizar la vía pública con objetos, por ejemplo contenedores, etc.

Por  otro lado, se categoriza como infracción leve, faltar el respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abandonar animales domésticos, consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, etc.

Estas normas recogidas bajo esta ley, han generado conflicto entre la población tachándola de coartar la libertad de expresión como ciudadano. Dotando a los agentes la libertad de poder solicitar la documentación personal, cacheos, o registros en los vehículos, entre otros.

Los agentes tienen otro punto de vista, ya que esa ley les ofrece seguridad ante posibles atentados contra su figura de seguridad. En tiempos anteriores, sobre todo, con grupos terroristas, se encargaban de vigilar y analizar posibles agentes para atentar sobre ellos.

Y exponen que no afecta en la libertad ni ser un cambio tan drástico de la Ley de Seguridad Ciudadana como se tiene entendido. Afectando así, en vías administrativas y no jurídicas.

Caso de 2013 con controversia

Esta problemática ha conllevado a un conflicto ocurrido en la manifestación Rodea al Congreso de 2013. En ella, un inspector jefe y coordinador, en ese momento, de los antidisturbios de Madrid podría haberse beneficiado de la ley acusando hasta en tres ocasiones a una manifestante para justificar la detención. Haciéndolo desde un atestado formal en ese mismo día.

Tras las imputaciones a la mujer detenida durante este tiempo, diez años después se ha esclarecido que decía la verdad gracias a una grabación de vídeo donde mostraba que no había agredido al policía y el agente habría hecho uso de fuerza.

Actualmente, se le ha propuesto una pena de dos años y medio de cárcel para el, ya jubilado, policía.