La Guardia Civil ha incautado 120.000 botellas de conserva de atún y 45.000 litros de aceite. La mayor parte de los botes intervenidos estaban destinados a abastecer a pequeños comercios y grandes cadenas de alimentación de España e Italia de manera inminente.
Además, se incautaron discos duros, telefonía móvil, un servidor y abundante documentación para estudio. Los agentes también han bloqueado un total de 21 cuentas bancarias y se ha prohibido la enajenación de dos turismos de alta gama, una furgoneta y un camión frigorífico propiedad de la empresa afectada.
En el marco de la investigación conjunta con la Europol y el Arma de Carabinieri italiana, cuatro personas han sido detenidas como responsables de varios delitos vinculados con la comercialización irregular de conservas de atún desde una empresa con sede en La Rioja.
Operación “Matsu”
En el registro efectuado en una de las sedes de la empresa, los agentes hallaron una zona clandestina de trabajo carente de las mínimas medidas de higiene, dos recipientes de grandes dimensiones con agua caliente, conteniendo en su interior numerosos tarros de atún devueltos por los compradores.
Sin condiciones de salubridad para la manipulación de alimentos, se retiraban las etiquetas de los botes para su posterior reintroducción en el mercado con una nueva etiqueta, registro sanitario y fecha de caducidad. Además, en algunos de estos botes manipulados se había introducido el agua del recipiente en el que estaban metidos y sus tapas tenían óxido.
Otra de las sedes disponía de una tienda para la venta directa al público de sus productos, con etiquetado únicamente en italiano, algo que va en contra de la normativa vigente.
Varios años de fraude alimentario
La investigación comenzó a finales de agosto tras una denuncia inicial, en la que se deducían las diversas irregularidades que estaría llevando a cabo una empresa afincada en La Rioja Baja, dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios. Durante la investigación se llevaron un total de 40 análisis sobre las conservas de atún puestas a la venta por la empresa en España e Italia, certificando el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) y otros dos laboratorios independientes.
Se estima que la actividad de este entramado criminal lleva realizándose varios años, utilizando para ello materias primas de precio y calidad notablemente inferior al indicado en su etiquetado. Con ello, se conseguía rebajar los costes de producción y aumentar de manera exponencial sus ganancias en perjuicio de los consumidores, perjudicando gravemente al resto de empresas del sector que operan dentro de la legalidad.
