La cúpula de ETA dio a sus comandos “orden expresa” para el asesinato de políticos y concejales del PP. Así se recoge en un informe de inteligencia aportado por la Comisaría General de Información de Policía Nacional a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el asesinato de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal popular en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya), en junio del 2000.
En dicho documento, de 271 páginas, se vincularía con este asesinato a la que era la cúpula ZUBA de la banda en esos años. La Policía, como ya había señalado en informes anteriores, indica que la banda era “una organización sumamente estructurada y jerarquizada en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño”. También destaca que esa estructura era “muy cerrada y casi de naturaleza militar” por lo que las órdenes de cada responsable “respondían a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el Comité Ejecutivo”.
La Audiencia Nacional acordó investigar la presunta responsabilidad de una decena de exdirigentes de la organización terrorista en ese asesinato y su posible responsabilidad en la política de expulsiones forzadas en el País Vasco. Esta decisión llegó tras admitir a trámite una querella de la Asociación Dignidad y Justicia en la que se explicaba que Pedrosa Urquiza fue “una de las numerosas víctimas” de la “política de expulsiones forzadas del País Vasco” que ejercía dicho grupo “bajo amenaza de muerte”.
Comité Ejecutivo de ETA
El Comité Ejecutivo de la banda terrorista funcionaba de “forma colegiada” y en él se adoptaban las “decisiones estratégicas y en ocasiones tácticas”, incluyendo no solo la estrategia política y militar sino también el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas. Asimismo, el texto detalla que los objetivos “específicos” estaban señalados en ocasiones “por la propia dirección”.
En la época del asesinato del concejal del PP en Durango los máximos responsables de la banda al frente de los aparatos Militar, Logístico, Político, Internacional y Finanzas eran Javier García Gaztelu, Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi, Ignacio Miguel Gracia Arregui, Asier Oyerzabal Chapartegui, Mikel Albisu Iriarte, Vicente Goicoechea Barandiaran, Ramón Sagarzazu Gaztelumendi y María Soledad Iparraguirre Guenechea.
El informe de inteligencia, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya que tras la detención de ese Comité en Bidart (Francia) en marzo de 1992, ETA aprobó internamente una nueva estrategia ofensiva dirigida a conseguir “una confrontación mucho más intensa con el Estado”. Ésta es definida por la Policía como una “estrategia de desestabilización” con objetivos directos en “los representantes políticos por considerarlos responsables de la opresión de Euskal Herria, destacando a los miembros y líderes del Partido Popular”. Estas conclusiones se demuestran con varias pruebas documentales y testificales.
“Esquema de la guerra revolucionaria”
En el documento de la Comisión General de Información de la Policía Nacional se detalla que, en sus inicios, ETA intenta “poner en práctica los esquemas de la guerra revolucionaria”. Es decir, sus acciones terroristas estaban orientadas a la eliminación o reducción de la oposición en el territorio del País Vasco y Navarra en lo que algunos autores denominan “control social”. Este se incrementa tras los Pactos de Ajuria-Enea de enero de 1988, la manifestación de marzo de 1989 y la movilización de la ciudadanía frente a la violencia terrorista de ETA que se produce a partir de entonces.
Por otro lado, buscaban “hacer insoportable para el Estado español el mantenimiento de su legalidad”, denominado como “guerra de desgaste”. Esta fue la estrategia que mantuvo ETA hasta el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011.
