La Policía Nacional ha desarticulado el entramado societario de una organización criminal que blanqueaba, presuntamente, el dinero obtenido de la explotación laboral de extranjeros. El pasado mes de julio ya fueron detenidas 18 personas relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos de origen africano en situación irregular en el sector de la construcción.
Como consecuencia de la investigación patrimonial, los agentes han detenido a cinco personas en Málaga, han imputado a cinco personas jurídicas y han bloqueado 18 cuentas bancarias con un saldo de casi 92.000 euros. El total de las operaciones bancarias analizadas supera los cuatro millones de euros.
La primera fase de la operación también se ha desarrollado en Málaga donde una red que, bajo la apariencia de una estructura empresarial, utilizaba la imagen de asociación de ayuda al inmigrante captando a sus víctimas. Las obligaban a comer y dormir en el interior de vehículos y realizaban servicios de peón o de seguridad de obras en jornadas que continuaban más allá de 24 horas. En julio, 18 personas fueron arrestadas y se intervinieron 30.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
Segunda fase: investigación patrimonial
La investigación económica se inició en octubre de 2022 y se centraba en la estructura societaria de la organización criminal desarticulada. Los agentes detectaron que estaba compuesta por siete personas jurídicas, algunas de ellas a nombre de testaferros, que estarían actuando ilícitamente.
Todo eso sin dejar de explotar laboralmente a extranjeros irregulares, en su mayoría subsaharianos, sin permiso de trabajo y vulnerables, mediante subcontratas realizadas a las sociedades mercantiles controladas por los miembros del entramado. De esta forma les hacían pasar por terceras personas dadas de alta en la Seguridad Social aunque les pagaban en metálico cantidades ínfimas.
La organización generaba ingentes beneficios llegando a sumar 4.185.397 de euros y se han detectado actividades inusuales para una sociedad mercantil por lo que los agentes dedujeron que se trataba de una estructura económica que funcionaba regida por el criterio o principio de “caja única”. Parte de los ingresos, se destinaron a la adquisición de vehículos a nombre de las dos asociaciones creadas al efecto, sin ingresos recurrentes ni actividad económica alguna, y el resto a hacer frente a los pagos a los inmigrantes.
