El Consejo de Ministros ha autorizado que el Ministerio del Interior empiece a licitar un nuevo contrato para que la Policía Nacional siga contando con un servicio de intérpretes que le ayude en la “traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en idiomas distintos del castellano”.
En el marco de las actuaciones e investigaciones policiales, el importe del contrato, 39,7 millones de euros. Esta es una cifra mucho más alta del que está actualmente en vigor (11.905.600 euros). La hora de traducción se paga a 26,6 euros. El servicio empezó en octubre de 2023 y tiene una duración de 14 meses, es decir, hasta diciembre de 2024.
La Policía Nacional puede solicitar traductores en varios idiomas divididos en categorías según la frecuencia de uso:
- A: Inglés, francés, alemán y árabe.
- B: Chino, japonés, ruso, portugués, rumano, italiano, polaco y neerlandés.
- C: Otros idiomas, dialectos árabes y lenguas cooficiales de España.
El contrato otorgará una puntuación especial a los adjudicatarios que puedan aportar profesionales que hablen otros idiomas especiales como serbio, bambara, bengalí, iraní, persa, farsi, armenio y igbo.
Entre los requisitos para hacerse con el contrato, las empresas adjudicatarias deben asegurar que los trabajadores cumplen con la confidencialidad de los servicios prestados. Éstos escucharán conversaciones intervenidas por orden judicial, algunas de ellas relacionadas con el terrorismo. También es necesario que cuenten con titulación y experiencia propia del idioma que se requiere.
Nuevo contrato
La intención es que el nuevo contrato repita las condiciones que existen actualmente. Los traductores deberán estar disponibles las 24 horas de todos los días del año. Cuando sean reclamados, tienen que presentarse en la dependencia policial requerida en un tiempo máximo que oscila entre los 90 minutos y las cuatro horas, dependiendo del idioma para el que se le reclame y la distancia existente entre el lugar donde deba prestar el servicio y la capital de la provincia.
En base a servicios anteriores, el 96% de los traductores requeridos son en dependencias de la Península Ibérica e Islas Baleares y el 4% en Islas Canarias. El análisis de los datos confirma que no se ha requerido de momento en Ceuta y Melilla.
La Ley Orgánica 5/2015 tenía previsto crear el registro oficial de traductores e intérpretes del ámbito penal, pero no salió adelante. Eso hubiera permitido a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a la administración de justicia contar con una bolsa de profesionales a los que poder recurrir directamente sin la necesidad de licitar contratos con empresas privadas.
Interior está actuando con bastante margen porque el presupuesto se está agotando antes de lo previsto y el Gobierno quiere que la licitación, que es delicada, esté lista cuanto antes. El primer contrato de este estilo tramitado comenzó el 1 de junio de 2022 y tuvo que adjudicarse uno nuevo tres meses antes de la fecha de finalización.
