La Policía Nacional ha liberado a 23 víctimas de explotación sexual a las que engañaron con un futuro trabajo en salones de belleza o en cuidado de ancianos con unas buenas condiciones de trabajo. Las mujeres elegidas eran conocidas suyas, familiares o compatriotas que captaban en sus países de origen o entre personas en situación irregular en España.
En este último caso, se les imponía la condición de prostituirse para poder pagar deudas que se hubieran originado en su país, mayoritariamente Colombia y otros países Latinoamericanos. Una de las víctimas presentaba una discapacidad intelectual reconocida.
En total, han sido detenidas ocho personas en varias provincias de España, dos de ellos han ingresado en prisión provisional. Los implicados eran quienes contactaban con los clientes a través de páginas web y convenían todos los servicios sexuales. Las víctimas no podían rechazarlos y se les obligaba a pagar a la organización más dinero todavía en concepto de abono por realizar estas gestiones, además de darles el 50% de lo obtenido por el servicio sexual.
Explotadas bajo amenazas
Las víctimas eran obligadas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra y las controlaban con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban. Por otro lado, eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón y aunque se sintieran indispuestas.
Los implicados compraban sustancias estupefacientes que también ofrecían a los clientes. La máxima responsable de la red adquirió múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España y en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.
Se han realizado diez entradas y registros en las ciudades de Alcoy, Úbeda, Alcalá de Henares, Lugo, Ciudad Real y Guadalajara. Se han intervenido teléfonos móviles, más de 5.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes como cocaína y “tusi”, y documentación relacionada con la investigación.
