La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales. En el marco de esta operación, denominada «Hontecilla» se ha detenido a seis personas de nacionalidad Moldava y se han realizado tres registros en las localidades de Salou y Reus (Tarragona) y en San Adría del Besos (Barcelona), en los que han sido incautados gran cantidad de documentos falsificados de diversa índole, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gestión de cryptomonedas, tarjetas de crédito/débito falsas (la mayoría de ellas tarjetas «black», sin límite de gasto o con un límite muy elevado), instrumentos para la elaboración de documentación falsa, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.
La organización se aprovechaba de la situación de necesidad por parte de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias.
Esclarecidos 265 delitos cometidos por esta organización
Con la desarticulación de esta organización criminal, la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos entre los que se encuentran:
- 81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario-mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén, Zaragoza y Huelva.
- 41 delitos de estafa relacionados compra de de terminales móviles en las provincias de Cáceres y Alicante.
- 13 delitos de estafa relacionados con la compra de patinetes eléctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante.
- 4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castellón y en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Asturias.
- 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra.
- 17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid.
- A los detenidos también se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental.
Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros.
Denuncia presentada por un Ayuntamiento
La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara presentó una denuncia tras haber realizado una compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP 1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca llegó a recibir.
Los agentes de la Guardia Civil centraron sus pesquisas en el estudio de dicha página web, así como del teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusión de que esta última formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.
La organización criminal responsable de estos delitos operaba desde el año 2019 utilizando como “base de operaciones” las provincias de Tarragona y Barcelona. Además, la organización estaba altamente especializada y estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de “blanquearlo”.
La coordinación de la operación ha estado en manos del Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y son los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara los encargados del desarrollo de la misma. Esta operación continúa abierta y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.
