El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, han suscrito un convenio para que miembros de la Guardia Civil y de la judicatura compartan acciones formativas relacionadas con el Derecho penal y procesal penal durante los próximos cuatro años.
En el texto, firmado en la sede del órgano de gobierno de la judicatura, se hace especial incidencia en la recogida de pruebas de cargo, los métodos de investigación, los sistemas de cooperación internacional y las problemáticas específicas de policía científica y de policía judicial, entre otras materias.
Dicho acuerdo, que sucede a otros similares firmados en 2014 y 2021, obliga tanto al Ministerio del Interior como al CGPJ a “profundizar en actividades conjuntas de formación, estudio y análisis” debido a que sus actuaciones convergen en “las labores de averiguación y comprobación del delito, cuya complejidad de territorios, escenarios y situaciones aconseja, con pleno respeto a las competencias y funciones de cada colectivo, conseguir una mayor eficacia y eficiencia en dichas labores”.
A diferencia de los acuerdos anteriores, en el nuevo convenio se apuesta por extender las actividades formativas al mayor número de niveles territoriales posibles para así ampliar el número de posibles asistentes a los foros de estudios.
Además, el Ministerio del Interior se compromete a facilitar la participación de miembros de la Guardia Civil, como ponentes o como asistentes, en las actividades de la Escuela Judicial y en las organizadas por el CGPJ o en colaboración con otras instituciones. A su vez, el CGPJ favorecerá la participación de los miembros del Poder Judicial como ponentes o asistentes en las actividades de formación impulsadas por la Dirección General de la Guardia Civil o por cualquiera de las zonas operativas en que está organizado su despliegue territorial.
La ejecución del convenio va a ser controlada por una Comisión de Planificación y Seguimiento, con constitución paritaria entre ambas instituciones, que determinará las actividades formativas que se ofertarán a los miembros de ambos colectivos y evaluará el desarrollo de las acciones educativas programadas.
