La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo histórico en materia migratoria tras casi diez años de desacuerdos. La nueva arquitectura legal sobre asilo e inmigración endurecerá las condiciones de acceso al territorio comunitario. Hasta el momento este era uno de los grandes retos de lo que queda por alcanzar antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Este hecho ha coincidido, además, con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
El acuerdo, alcanzado entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, necesita aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los 27 para ser adoptado formalmente. El pacto migratorio, que se basa en una propuesta que hizo la propia Comisión en 2020, ha sido un tema casi de controversia y desacuerdo en el seno de la Unión. De hecho, han sido necesarias reuniones durante los últimos dos días y noches para lograr un consenso.
Las claves del pacto
Sus dos principales pilares son un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y una solidaridad obligatoria aunque flexible para los 27 Estados miembro. En concreto el objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año. Sin embargo, aquellos países que se nieguen tendrán que compensar económicamente cada acogida que rechacen y, a cambio, realizarán una retribución de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
De este modo, se destierra el sistema de cuotas obligatorias, algo que reclamaron hasta el final tanto España como Italia, y se ofrece una respuesta común a los problemas migratorios de Europa. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este acuerdo permitirá que sean los europeos los que decidan “quién viene a la UE y quién puede quedarse allí, no los traficantes”.
El acuerdo, en total, consta de cinco reglamentos diferentes, que tratan de abarcar todos los matices posibles de la política migratoria. El Reglamento de gestión de Asilo y Migración (RAM), su pieza principal, supone reformar el Reglamento de Dublín, que hasta ahora ha asignado al Estado de primera entrada la responsabilidad de las solicitudes de asilo y de las ayudas que emanan del Estatuto de Refugiado.
Es por el texto firmado en Irlanda por el que España e Italia, que junto a Grecia y Francia, son los que reciben la mayor cuota de migrantes por el Mediterráneo, son los responsables del examen de las solicitudes de asilo y los que proporcionan una mejor protección a los solicitantes hasta la determinación de su estado. Con este cambio, ahora se acelerarán las devoluciones de personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas, se espera que el procedimiento dure seis meses, y también permite el rechazo en la propia frontera.
¿Qué ocurre en situaciones de crisis?
Un Estado puede solicitar a la Comisión la activación de una respuesta de emergencia ante una avalancha migratoria inesperada, como la sufrida por Italia este verano. Fue, precisamente este asunto, el que más polémica ha causado. El pago por no acoger a migrantes también se aplica en estos casos excepcionales. En este escenario, será a Comisión Europea quien tendrá que evaluar cada situación de crisis a petición de un Estado miembro y posteriormente será el Consejo quien acuerde las medidas de solidaridad.
Además, se incluye la reforma del Reglamento de Eurodac, que es el sistema de comparación de impresiones dactilares usado para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del estudio de una solicitud de asilo, y del reglamento sobre el control de migrantes en las fronteras exteriores.
