Foreign Terrorist Fighter (FTF) o combatientes terroristas extranjeros viajan a zonas de conflicto para participar en actos terroristas. Su mayor auge se produjo con la propaganda del autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL). Entonces hubo un flujo sin precedentes de voluntarios de países de todo el mundo que dejaron sus vidas para irse a vivir bajo el dominio del grupo terrorista. No sólo a los hombres, sino también mujeres y familias completas.
En 2015, aproximadamente 40.000 personas de más de 120 países viajaron a Iraq y la República Árabe Siria como combatientes. Se estima que el 80% de ellos lo hicieron para unirse al EIIL (DAESH) y vivir en el califato, según Naciones Unidas. Estos datos alertaron a la Organización de las Naciones Unidas que instó específicamente a los Estados miembros a mejorar sus respuestas de justicia penal a los FTF con la introducción de medidas para detectar, prevenir y criminalizar los viajes y actividades que éstos realicen.
A partir de 2017, ISIL ha perdido la mayor parte del territorio que ocupó en Irak y Siria, y muchos FTF han regresado o han intentado regresar a sus países de origen. Estos representan una amenaza importante para la paz y la seguridad en su vuelta. De hecho, en muchos casos ese miedo a que se conviertan en combatientes del movimiento fuera del califato hace que no se emprendan repatriaciones.
En esta línea, en diciembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución donde abordaban los riesgos que plantean los FTF que regresan de zonas de conflicto. En ella, se exhortaba a los Estados miembros a fortalecer sus esfuerzos para frenar la amenaza y la reubicación de los FTF y sus familiares, a través de medidas sobre control fronterizo, justicia penal e intercambio de información.
Proyectos de la ONU
Desde 2014, la ONU ha estado apoyando a los Estados Miembros en el marco del Proyecto Global sobre el Fortalecimiento del Régimen Jurídico contra los Combatientes Terroristas Extranjeros en Medio Oriente, África del Norte y Europa Sudoriental. Aporta asistencia en unos marcos jurídicos mejorados, el uso de información como prueba admisible, técnicas especiales de investigación, la lucha contra la financiación del terrorismo y la cooperación internacional.
Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha apoyado al Líbano contra el posible reclutamiento e infiltración de militantes terroristas entre la población de refugiados. También se ha reforzado el esfuerzo de detectar, interceptar y monitorear actividades relacionadas con el terrorismo en áreas centradas en refugiados.
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