No hubo descoordinación en la fuga de España del líder de la Mocro Mafia, según un informe emitido por los inspectores del Consejo General del Poder Judicial. El máximo organismo judicial asegura que los tres órganos dictaron las resoluciones que, a la postre, desembocaron en la desaparición de Karim Bouyakhrichan, de forma diligente y cumpliendo en todo momento con las normas procesales aplicables.
Aunque el contenido íntegro del texto no se ha dado a conocer, si que se ha confirmado que en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional no hubo “disfunciones en la actuación y comunicación”.
Lo que el CGPJ ha dejado claro es que en el informe no se ha emitido una valoración sobre las propias decisiones, es decir, que no se ha evaluado el hecho de si poner en libertad provisional al presunto criminal con las medidas cautelares (retirada de su pasaporte, obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y una fianza de 50.000 euros) fue una decisión correcta. En el Pleno del próximo 30 de mayo se tomará conocimiento del informe y serán sus vocales quienes decidan si hubo algún fallo en el proceso.
Enemigo número 1 de Países Bajos
Bouyakhrichan era reclamado por el país de los tulipanes entre otros motivos por haber amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona, Amalia de Orange, y al primer ministro Mark Rutte. De hecho, sobre él pesaba una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Países Bajos en el momento del arresto y que ahora está vigente.
Apenas un mes y medio después de ser detenido por la Policía Nacional, fue puesto en libertad provisional por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que revocó la orden de prisión dictada por el juzgado marbellí por un delito de blanqueo de capitales y tráfico de drogas. A cambio instauraron medidas menos gravosas que, a la postre, facilitaron su huida.
Simultáneamente, la Orden Europea de Detención, que tramitaba la Audiencia Nacional por petición neerlandesa, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo. Después de firmar un par de veces en sede judicial, desde el 1 de abril no se ha vuelto a saber nada de él. Además del documento emitido por Países Bajos, el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella dictó otras dos nuevas órdenes de busca y captura.
