Desde que se conoció el acuerdo entre el PSOE y Junts para la reedición del gobierno de coalición y la futura Ley de Amnistía, se han sucedido 28 días de protestas ante la sede socialista en la calle Ferraz, 70 (Madrid). Durante ese tiempo, casi un centenar de personas han sido detenidas acusadas de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Ese es el mismo tiempo que lleva la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegada por la noche en dicha vía madrileña.
En las jornadas de mayor tensión, las primeras, los agentes llevaron a cabo varias cargas y lanzamientos de humo y pelotas de goma contra los manifestantes. Esas actuaciones han provocado la condena no solo de los asistentes a las protestas sino también dentro del Cuerpo. Algunos antiguos mandos de la UIP han mostrado su sorpresa por la actuación “desproporcionada” de los agentes, sobre todo el lunes 6 de noviembre, y apuntan directamente al comisario principal Manuel Soto Seoane, responsable del orden público en Madrid y máximo responsable de los agentes, según han declarado fuentes policiales a OkDiario.
Análisis de las actuación de la UIP
Los agentes defienden su actuación ante una «marea humana incontrolable», según la califican fuentes policiales. En la primera jornada de protestas y tras recibir el lanzamiento de botellas y objetos contundentes, siempre según la versión policial, la UIP se vio obligada a utilizar fumígenos inocuo (ATF), que no lacrimógenos, como advertencia antes de intervenir.
Ahora bien, este tipo de gas, según las normas de utilización internas, debe ser empleado para crear concentraciones de humo que invisibilicen y faciliten el despliegue policial, la colocación y distribución de las unidades policiales, por lo que se la propia Policía estaría admitiendo su uso inadecuado.
Por su parte, son muchas las imágenes en las que se constata el uso de gases lacrimógenos (ATL), algo no muy habitual en las actuaciones de los policías ‘antidisturbios’, pues su uso exige escenarios extremos y las ocasiones que se han utilizado en Madrid en los últimos 10 años se cuentan con los dedos de una mano, según antiguos mandos de la UIP.
Lo mismo ocurre con el uso de pelotas de goma, de frecuente empleo en las protestas de Ferraz cuando, según las normas protocolarias, su utilización se reserva para escenarios de gran complejidad y desorden y frente a masas de violencia extrema, algo que no parece haber ocurrido en ninguna de las jornadas de protesta.
Según el manual de procedimientos policial, estas pelotas de caucho se pueden lanzar contra individuos o grupos de agresores cuando hay riesgo para los propios policías u otros ciudadanos y el objetivo principal es el de disuasión y siempre se deben disparar bajo la premisa de provocar la menor lesividad posible, usándose como norma general a distancias superiores a los 50 metros, aproximadamente.
Críticas a las actuaciones policiales
En relación con el uso de las pelotas de goma, los manifestantes denuncian que esas distancias no se han respetado y que su uso no correspondía a la reacción en las calles en ese momento. Incluso, como se puede ver en algún vídeo grabado por los manifestantes, disparando desde los propios furgones.
Opinión similar tiene el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, quien ha asegurado que esos actos obedecen “más a decisiones políticas que a lo que es una actuación policial”. Precisamente, el comisario principal Soto Seoane mantiene una relación con la que fuera delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y directora general de la Guardia Civil entre marzo y junio de 2023, Mercedes González. Y, además, se encuentra entre los candidatos a suceder en el cargo de director Adjunto Operativo (DAO) a José Ángel González, conocido como Jota, que se jubilará en diciembre de 2024.
Si la actuación policial se ha alejado de la ciudadanía y ha suscitado muchas críticas, la instancia política la había respaldado hasta ahora. Así, en declaraciones a la prensa a principios de noviembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumió como propias las órdenes a los agentes de la UIP. El responsable del departamento defendía así el uso de gases lacrimógenos, basado en “criterios operativos”, y ha defendido la “profesionalidad y lealtad al ordenamiento jurídico” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, en un documento interno publicado por El Debate, el Ejecutivo asegura que fueron los propios agentes los que valoraron “in situ y en el momento las actuaciones a desarrollar”, defendiéndose así una de las acusaciones más repetidas en las últimas semanas.
