La Unidad de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil ha detectado un sobrecoste en los gastos de los viajes pagados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante los cinco años de presidencia de Luis Rubiales. La Benemérita ha descubierto que las cantidades “declaradas e imputadas entre Globalia y la RFEF difieren significativamente” de los reconocidos por la organización, siendo notoriamente inferiores, según se detalla en un informe de la Guardia Civil.
Globalia fue la empresa que se llevó en exclusiva el contrato para gestionar los viajes de la RFEF a cambio de 79,5 millones de euros, facturados a través de varias sociedades pertenecientes al grupo empresarial. La Guardia Civil ha descubierto que el importe declarado en realidad fue mucho menor. Entre 2018 y 2022 supusieron un gasto de 73,8 millones. Esto supone un sobrecoste de 5,7 millones.
La UCO concluye en el mismo informe, incluído en el sumario del caso, también que el grueso de la facturación, en concreto 77,5 millones de euros, se pagaron a SEKAI Corporate Travel, anteriormente denominada Globalia Corporate. Sobre todo están en el foco de la investigación los hoteles y empresas en “viajes internacionales” y en “la concentración preparatoria del Mundial de Lituania de 2021 en Jaén y Barcelona”. Esta empresa también se encargó de la gestión de los desplazamientos y la estancia para la Supercopa de España en Arabia Saudí, uno de los ejes de la “Operación Brody”.
De hecho, en las últimas horas se ha conocido que la Benemérita considera «de imperiosa necesidad» comprobar si el exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué entregó «dádivas» a Rubiales o a otros directivos de la Federación por la «negociación» para trasladar la Supercopa al Reino saudita.
En el informe, la Guardia Civil hace hincapié en la relación del amigo personal y socio de Rubiales, Francisco Javier Martín, alias “Nené”, con Globalia. Uno de los directivos de la empresa, Javier Fernández, tenía un vínculo personal con él y, a su vez, es yerno de Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, y apoderado de una empresa que tiene el 51,58% de las acciones de Globalia.
Inicio de la investigación
En enero, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda nuevas medidas para poder rastrear en tiempo real los movimientos del expresidente y del resto de investigados por un presunto caso de corrupción dentro de la RFEF. El cuerpo escudaba la petición en que era la única manera de captar las acciones que estaban tomando los actores de la trama.
Fue en febrero cuando la justicia les dio luz verde para pinchar los teléfonos de los investigados. En el caso de Rubiales, la Guardia Civil localizó cuatro líneas de móvil asociadas a él.
