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Una Justicia lenta no es justa

Por Fígaro

La última modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), entre otros cambios, establece en un año el plazo inicial para finalizar la instrucción de las causas penales, además de otros cambios. Qué suponen estos cambios y cómo afecta su aplicación a la Justicia es lo que analizamos en este artículo.

En el año 2015, en plena avalancha de casos de corrupción política en los órganos judiciales españoles, el poder legislativo decidió acotar los plazos de instrucción penal mediante una polémica clasificación de las instrucciones en simples y complejas, que resumidamente contaban con plazos de seis y dieciocho meses, respectivamente. 

El principal problema que ha sufrido la reforma de 2015, al margen de irracionales argumentaciones políticas, es que esa limitación de los plazos (la anterior regulación en la práctica no establecía límites, si bien hablaba de un mes) no fue acompañada de una sustancial mejora de dotación de medios materiales y personales tanto a nivel judicial como policial, y este hecho contenía una trampa: no se puede al final hacer el mismo trabajo en menos tiempo y encima con los mismos medios y esperar la misma calidad en esas instrucciones, que tendrían más probabilidad de ser derribadas de modo más sencillo por las defensas en la posterior fase plenaria. Gran parte de la sociedad pudiera preguntarse qué habría sido de las grandes causas de corrupción que se estaban juzgando en ese momento si durante la fase de instrucción hubiera estado vigente esa reforma, y no sin razón. 

En ocasiones es complicado conocer, siquiera intuir, la intención del legislador, y máxime cuando el discurso político se vuelve tenso e irracional y ello conlleva una contaminación en la elaboración de las leyes, que pierden el carácter técnico y clarificador que deben poseer en pro de otros intereses más oscuros. Pero aún así, dicha reforma contenía un punto positivo que además adecuaba el procedimiento penal mucho más al contenido del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, y es que no eternizaba el procedimiento o al menos sentaba unas bases más sólidas para evitarlo, ya que como se dice en el ámbito jurídico, una justicia lenta no es justa. Debemos también advertir que estamos en el contexto de un procedimiento penal, donde la privación de bienes jurídicos que el sujeto se juega es la más grave que el ordenamiento jurídico contempla y ciertas esperas pueden ir incluso en contra del principio de humanidad que tanto el derecho penal como el procesal penal deben tener en cuenta. 

El principal problema que ha sufrido la reforma de 2015 es que la limitación de los plazos no fue acompañada de una sustancial mejora de dotación de medios materiales y personales.

Pero la actual reforma, a fecha de hoy en la fase de remisión al Senado dentro del procedimiento legislativo, tampoco parece especialmente brillante ni halagüeña. 

La misma amplía el plazo genérico de instrucción de las instrucciones simples de seis a doce meses, y elimina esa doble clasificación anterior que contenía las complejas, manteniendo el plazo de prórroga en un máximo de medio año.  Este hecho carece de sentido jurídico, ya que si bien la hemos definido como polémica, no era técnicamente incorrecta la división de instrucciones que la reforma de 2015 establecía. En un contexto real esto es sencillo de entender: instruir una causa de narcotráfico con una organización criminal de por medio no puede atender a los mismos criterios temporales de instrucción que un delito leve. 

Al final las limitaciones temporales que tanto en instrucciones simples o complejas contenía la reforma de 2015 desaparecen, hecho que es sumamente dudoso y pudiera atentar contra el principio de seguridad jurídica que recoge el artículo noveno de la Constitución. 

Sede del Tribunal Constitucional.

No obstante, lo más peliagudo de esta reforma no está en el contenido del nuevo artículo, sino en la disposición transitoria, que dicta que la misma será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente Ley.

Este hecho pudiera incluso dar lugar a múltiples recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, ya que el citado artículo noveno de la Carta Magna, en su punto tercero, garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Podemos considerar esta reforma restrictiva de derechos individuales?

Sin duda que la respuesta es afirmativa, ya que los actos de instrucción son claramente intrusivos en multitud de bienes jurídicos de la persona. 

Además, la norma adjetiva o procedimental está diseñada para acompañar la aplicación de la sustantiva sin contradecirla, y la contenida en la disposición ataca frontalmente la Garantía Jurisdiccional que toda norma penal debe contener, dejando un tiempo mayor del que a priori se tenía para instruir. Quizá lo más adecuado y respetuoso con los derechos fundamentales hubiera sido aplicar el contenido de esta última reforma a las instrucciones cuyos autos de incoación fuesen dictados con fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma.

su aplicación a los procesos en tramitación puede dar lugar a múltiples recursos.

Tampoco parece adecuado que una reforma tan relevante entre en vigor el mismo día de su futura y próxima publicación, cuando lo normal en materia penal y procesal penal es, y más si restringe derechos, dejar un plazo de estudio y conocimiento para juristas y ciudadanos bastante más amplio que el de veinte días naturales que contiene el código civil. 

Por último, ¿qué sentido jurídico tendrá a partir de ahora la atenuante contenida en el punto sexto del artículo veintiuno del código penal, que recoge las dilaciones indebidas? ¿puede esta reforma de una ley procesal ordinaria haber derogado de modo oscuro un punto de un precepto de una ley orgánica como es el código penal?

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