La Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado dos peticiones de directivas ante la Unión Europea para que la profesión de Guardias Civiles y Policías sea declarada de riesgo en los 27 Estados miembro. El Parlamento comunitario va a tramitarlas de urgencia, incluso tras el voto en contra del Partido Socialista europeo y sus socios.
El próximo 19 de marzo arrancará el trámite. La primera de las directivas solicita que se califiquen como delito europeo las agresiones a agentes. En nuestro Código Penal, en el artículo 550, es lo denominado como “atentado contra agente de la autoridad”. Ese es, a priori, el objetivo principal aunque desde el sindicato se quiere lograr, además, que se establezcan penas mínimas más altas de las que hay actualmente. Y, la segunda de ellas, es la de declarar la labor de las FCSE como profesión de riesgo.
De no haberse logrado tramitar de urgencia, el proceso podría haberse demorado meses e, incluso, un año. Pese a que se ha dado esta situación días después de la tragedia de Barbate, las propuestas se presentaron el pasado diciembre. La CEP lo justifica en el aumento de agresiones a los agentes de Policías Nacionales y Guardias Civiles, al margen de las que sufren las Policías Locales y Autonómicas.
Los Policías Nacionales y Guardias Civiles han sufrido una media de 1.400 agresiones al mes hasta agosto de 2023, según los datos recogidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En esos siete meses, se han producido un total de 11.311. Estos datos, los más recientes, suponen un aumento de un 40% con respecto a 2022.
